viernes, 26 de noviembre de 2010

¿Cómo afecta el voto obligatorio a la libertad?

Por Pablo Marshall Barberán

Nuevamente – ¿cómo no? – está en debate la cuestión de si el voto debe ser voluntario u obligatorio. Se vuelven a repetir los argumentos de lado y lado, como disco rallado.
Revisemos los argumentos de los promotores del voto voluntario.

Primero, el voto voluntario aumentaría la participación electoral. Obviamente, este argumento es débil. La participación electoral, si uno mira el horizonte comparado, es siempre mayor allí donde el voto es obligatorio. Es mayor porque los ciudadanos se ven compelidos a votar por temor a la posible sanción, pero también es mayor porque el simbolismo que involucra que el voto sea obligatorio es entendido por los individuos como un deber que los identifica y distingue como ciudadanos. Quienes sostienen que la pura conversión del voto obligatorio a voluntario es suficiente para aumentar el caudal electoral, están equivocados. Ello podría ser así, si se implementase otro tipo de reformas que estimulara la participación a través de la evidenciación de la influencia del voto en la toma de decisiones estatales. Eso que en Chile no está cerca de suceder.

Segundo, el voto obligatorio aumenta el poder del Estado haciendo que la voluntad de los ciudadanos no importe; el voto voluntario devolvería el poder a los ciudadanos. En este argumento está la falacia más recurrente de los defensores del voto voluntario. Consiste en hacernos pensar que un derecho debe ser siempre, al mismo tiempo, una libertad. Es perfectamente posible la existencia de un derecho – que consiste en este caso, en que el Estado no puede evitar que yo ejerza el voto que la Constitución me garantiza – cuyo contenido sea obligatorio – obligación que consiste en que el ciudadano debe ejercer el voto –. Que el voto sea un derecho y una obligación quiere decir que ni el Estado ni el propio ciudadano pueden voluntariamente impedir que el sufragio se efectúe. Pero no se entiende cómo eso hace que el poder político transite desde los ciudadanos hacía el Estado. Eso sería plausible si el gobierno de turno pudiera determinar los casos en que el voto fuera obligatorio; pero cuando lo que hacemos es discutir sobre una norma constitucional es evidente que no es una cuestión que queda en manos del gobierno de turno.

Tercero, y aquí nos acercamos a la cuestión objeto de esta columna, el voto obligatorio afecta la libertad de los individuos. Y por supuesto que lo hace. Desde una perspectiva liberal, todas o casi todas las normas estatales afectan la libertad de los individuos. La obligación de manejar con cinturón de seguridad es una norma que afecta la libertad tanto como lo es la prohibición de disparar armas de fuego sobre seres humanos. Esto es así, si entendemos por libertad el poder actuar conforme a nuestro arbitrio sin interferencias. El argumento de la libertad puede ser objeto de varias observaciones:

(a) hasta los más fervientes liberales reconocen que hay otros intereses adicionales que proteger y fomentar además de la libertad individual. Prohibimos matar porque protegemos la vida; obligamos al uso del cinturón porque valoramos la seguridad durante actividades peligrosas; por último, obligamos a votar porque consideramos importante la legitimación democrática del gobierno.

(b) hay otras formas de entender la libertad, distintas a la no-interferencia. La libertad puede también ser concebida como la ausencia de dominación arbitraria por parte de un tercero. En este sentido, la libertad no importa la posibilidad de hacer lo que se me antoje, y mis acciones puede estar limitadas, tanto por consideraciones de libertad -  esto es, implementar mecanismos de no dominación – como por otro tipo de intereses o fines que los ciudadanos libremente determinen.

(c) es difícil entender que cualquier afectación de la libertad tenga el estatus de afectación a una libertad fundamental como se ha sugerido por los defensores del voto voluntario. Este es el punto sobre el que me quiero detener al final de esta columna.

Es bien diferente decir que el voto obligatorio afecta mi libertad de acción que decir que afecta mi libertad política – tendemos a pensar en la libertad política como una libertad fundamental –. Eso se traduce para quienes apelan al argumento de la prioridad de la libertad, por sobre otros objetivos o valores, en la necesidad de justificar la importancia de la libertad afectada. En los términos del debate actual, que la obligatoriedad del voto afecte mi libertad de irme a la playa por el fin de semana o mi libertad de quedarme en casa descansando, no parece ser un argumento de atención, ni parece reclamar la prioridad que los liberales reclaman para las libertades fundamentales por sobre la comunidad. Ese argumento si debe considerarse con atención cuando lo que es amenazado es la libertad política, esto es, la posibilidad de elegir libremente entre las distintas opciones disponibles para ejercer el poder del Estado, que incluye por supuesto, el rechazo de la oferta que se manifiesta institucionalmente a través de las elecciones.

Si los defensores del voto voluntario logran demostrar que el voto obligatorio viola la libertad política de los ciudadanos tendrán un buen argumento para su propósito. Pero ese argumento no ha sido esgrimido convincentemente en la discusión pública todavía: ¿libertad de qué? es la pregunta que subsiste.

En este sentido, se ha argumentado que al obligar a los ciudadanos a votar se les priva de la opción de expresar su rechazo al sistema político vigente como una forma legítima de toma de decisiones. Es curioso que ese argumento venga ofrecido justamente por los defensores del orden establecido, esto es por definición, la derecha.

Si bien este argumento es poderoso, porque atiende a la única manifestación de la libertad política que no sería adecuadamente respetada por el voto obligatorio (la flojera o las ganas de ir a la playa no pueden considerarse libertades políticas fundamentales), no parece que el voto voluntario sea la forma adecuada de comprometerse con su respeto. Fundamentalmente, porque el voto voluntario no permite diferenciar quienes rechazan el sistema de quienes no concurren a votar por razones egoístas. Pero también porque existen otros mecanismos institucionales que permitirían, antes que el voto voluntario, considerar la libertad política de quienes rechazan el sistema político. Un ejemplo de estos últimos es un mecanismo de excusión para la elección que signifique un sacrificio a la libertad de acción equivalente a la concurrencia a la votación, pero que no obligue a los ciudadanos a la expresión política a favor del sistema político imperante. Es más, el trámite podría hacerse incluso en la misma mesa receptora de sufragios a la cual el ciudadano está adscrito. Es más, quienes rechazan el sistema político actual como legítimo, deberían declararse partidarios del voto obligatorio, pues el es modelo que les permite expresar su desacuerdo diferenciadamente de los egoístas, como una forma de desobediencia civil.

Si no es la libertad de rechazar el sistema político imperante, ¿cuál es la libertad fundamental a la que afecta el voto obligatorio? ¿Cómo afecta el voto obligatorio a la libertad? Espero una explicación.

jueves, 25 de noviembre de 2010

¿Por qué seguir con las becas Chile?


Hace unos días se divulgó que el Gobierno reformará en una serie de sentidos el sistemas de becas para realizar postgrados en el extranjero (becas chile). La idea de fondo es racionalizar el sistema y restringir el número de beneficiarios.
Es indudable que el sistema tiene que sufrir modificaciones para asegurar imparcialidad y equidad en la asignación de las becas. Pero ni la finalidad ni las medidas concretas del Gobierno van en la dirección correcta.
Ante todo, restringir significativamente el número de becarios va justamente en contra del sentido original de esta política. El objetivo de ella no es beneficiar a personas concretas especialmente dotadas intelectualmente para que desarrollen investigaciones aisladas en sus respectivas áreas. El desafío, en cambio, es colectivo. Como país necesitamos aumentar la cantidad de ciudadanos con estudios avanzados para alcanzar los niveles de desarrollo que nos hemos autoimpuesto.
Un ejemplo histórico puede ayudar a ilustrar la importancia del punto recién señalado. Eric Hobsbawm, preguntándose por las razones del declive británico a fines del siglo XIX y comienzos del XX, ha mencionado a la educación como un factor relevante. Por ejemplo, en 1913 Gran Bretaña contaba con sólo 9.000 estudiantes universitarios mientras que Alemania contaba con 60.000. En el mismo sentido, hace notar que Inglaterra y Gales poseían 350 ingenieros graduados mientras Alemania poseía 3.000. Estos datos explican en parte el declive británico. Gran Bretaña dejaba todas las decisiones de inversión económica a las decisiones aisladas de los privados. Por eso no fue capaz de desarrollar políticas de Estado que fueron antieconómicas en el corto plazo, pero vitales en el mediano y largo plazo.
No obstante, la propuesta del gobierno no sólo tiene problemas de orientación, sino también problemas en el plano específico. Que sólo puedan ganar la beca quienes hayan sido aceptados previamente en un programa de postgrados tiene varias desventajas. Ante todo, claramente esto no genera un ahorro significativo. Si una persona recibe la beca y luego no queda aceptado en un programa de postgrado, entonces no habrá gasto en ningún sentido relevante. Obviamente quien no es aceptado en el programa no gastará recursos públicos en ese programa. Tampoco viajará al país respectivo, ni nada por el estilo. Ahora, si para postular tuvo que aprender otro idioma y para eso recibió una beca, no parece una mala política aquella que indirectamente genera más profesionales que hablen un segundo idioma.
Si bien la reforma no ahorra costos, sí genera otros problemas. Un problema mayor es de coordinación de los tiempos entre la postulación-adjudicación de las becas y la postulación-aceptación en las universidades. Por un lado, esto significará que perderemos un importante beneficio del sistema actual, como es postular a las universidades con el financiamiento asegurado. Esto es relevante, pues es un factor que las Universidades extranjeras consideran para aceptar a los postulantes. Por otro lado, hay un problema de coordinación propiamente tal. La reforma promueva largas esperas para iniciar el programa. Así, entre septiembre y marzo de un año debe postular a un programa y ser aceptado. Luego, en junio de ese año debe postular a las becas. Sólo en noviembre sabrá los resultados. Si es aceptado, sólo en septiembre del tercer año (¡) podrá iniciar sus estudios. Todo se complica más si el profesional quiere seguir un magíster y luego un doctorado. En definitiva, el sistema haría imposible o extremadamente oneroso seguir la beca del perfeccionamiento fuera de Chile.
Para terminar, quiero comentar brevemente la posibilidad de modificar el sistema de becas por un sistema de créditos. Se dice que en Chile quien tiene un postgrado en el extranjero incrementa sus ingresos sustantivamente respecto de la generalidad de la población. Por eso, un sistema de becas sería una idea regresiva. Por lo tanto, seria mejor establecer un sistema de créditos (blandos) de manera que quien en el futuro pueda pagar pague. Así, los estudios de postgrado serán una decisión individual de inversión “con garantía estatal”. Esta idea no sólo es contraria a la lógica colectiva que mencioné al inicio de esta columna de opinión. Además, creo un incentivo perverso: sólo los profesionales para quienes estudiar un postgrado sea una buena inversión tendrá estímulos para hacerlo. Quienes, en cambio, deseen estudiar disciplinas no (tan) rentables o bien quieran desarrollar carreras profesionales menos orientadas al mercado, tendrán trabas para estudiar un postgrado. Esta consecuencia es altamente no recomendable.
Al contrario, deben generarse incentivos para impedir que quienes decidan estudiar un postgrado sobre la base de consideraciones meramente económicas, tengan más dificultades en hacerlo. Eso se logra mediante exclusiones de financiamiento respecto de ciertos programas y mediante exigencias de “reembolso no económico” de los beneficios recibidos.
En consecuencia, las modificaciones que ha anunciado formal e informalmente el gobierno significarían un desajuste tal en el sistema que provocaría un cambio de orientación absolutamente inconveniente.