El año pasado postié esta columna que parece pertinente a la luz de la actual discusión sobre los aportes reservados a las campañas electorales gatillada por la defensa de Lucas Sierra al actual sistema y la virulenta reacción de Fernando Muñoz.
[publicado anteriormente en Grupo de Valdivia: aquí]
Por Pablo Marshall
En esta columna quiero presentar esquemáticamente la idea de que la plata y la política no deben mezclarse. Por otro lado, quiero mostrar que los proyectos autodenominados progresistas en esta materia, no pretenden separar la política y el dinero sino que normalizar su relación. Tomaré dos ejemplos: la ley de lobby y el financiamiento de los partidos políticos.
Primero, una prevención. La política y la riqueza están ineludiblemente atadas. En una sociedad capitalista, toda acción o alocución sobre el poder tiene un correlato (una condición o un efecto) en el terreno de las circunstancias materiales de la vida social. En otras palabras, las posibilidades de éxito de la política, incluso de esas denominadas identitarias, están marcadas en su origen por su incompatibilidad con la forma de vida del capitalismo tardío. Más allá de la superficie ideológica, desde el punto de vista de la actual distribución de la riqueza, cada acción política es algo negativo, y ojalá todas ellas fueran suprimidas, porque lo único que pueden pretender el entrecortar la reproducción del capital. En este entendido, cuando se habla de la autonomía de la política respecto de la economía, se intenta defender necesariamente la posibilidad de la acción sobre la riqueza acumulada. Entenderlo como en el modelo griego, en que la autonomía de la política no alcanza la distribución de la riqueza, en que la política es acerca de las otras cosas y no acerca de cómo distribuimos (como piensa el ministro Larraín) es no entenderlo en absoluto. Por lo tanto, al afirmar que la plata y la política no deben mezclarse no quiero decir que política y distribución no se traslapan, sino todo lo contrario; quiero decir que las condiciones para que la política pueda expresarse no pueden enajenarse de antemano a las hábiles manos de quienes quieren evitar toda política.
Pero pensemos ahora en la política como una actividad institucional.
I. La plata y la política no deben mezclarse
La plata y la política no deben mezclarse. Que esto sea cierto depende de nuestro compromiso con la idea de que la política democrática es el espacio donde los ciudadanos (y sus representantes) se reúnen y discuten sobre lo que es lo mejor para todos por igual. En este entendido, las diferencias económicas entre ciudadanos deben permanecer fuera de la política para respetar la idea de igualdad subyacente a la democracia. Que los Luksic estén en favor o en contra de tal o cual política no debería tener más peso que el hecho de los González estén en favor o en contra. Que todas las opiniones deban contar por igual es el ideal democrático. Esto tiene su expresión institucional en la regla de que a cada ciudadano le corresponde sólo un voto igual que a todos los demás.
Hoy sabemos que lo que piensen los Luksic y lo que piensen los González tiene un peso diferente cuando se trata de tomar decisiones públicas. Los Luksic influyen en política como si cada uno tuviera una rídicula cifra de votos, por ejemplo 10.000 votos. Pero ello no es porque hemos decidido concederles más votos a quienes son más ricos, sino porque hemos sido pusilánimes en defender el principio que está en la base de la idea de “un ciudadano-un voto”, esto es, la idea de que ciudadanos deben tener igual influencia en determinar las leyes que nos gobiernan a todos. Hemos dejado que el poder expansivo del dinero se cuele en nuestras anticuadas instituciones republicanas. El lobby y el financiamiento político son dos ejemplos de cómo la política democrática ha sido contaminada por el dinero. Sin embargo, que hayamos llegado a ello no quiere decir que debemos aceptar ese estado de cosas como algo que no podemos cambiar. Esta es una lucha que podemos dar: la de separar la plata de la política y recobrar el rumbo de la política democrática.
II. Apertura y trasparencia
Sin embargo las cosas no son tan fáciles. Contra este modelo de la estricta separación hablan al menos 2 ideas que son constantemente usadas por los defensores de la intervención del dinero en política.
La primera idea es que el sistema político debe estar abierto a los intereses de la sociedad. En resumidas cuentas, la toma de decisiones debe estar abierta al lobby de la sociedad, que en sus diversas manifestaciones, grupos y asociaciones deben contrapesar la tendencia del sistema político a clausurarse. El problema surge cuando es evidenciado que la forma en que esos intereses son presentados es dependiente de alguna forma de evaluación económica… el lobby cuesta plata. Con lo que nos encontramos después de abrir las puertas del Congreso a la sociedad civil, es con un grupo de lobistas de empresas y asociaciones gremiales que quieren defender, como podría ser de otra manera, su negocio.
La segunda idea sostiene que el poder del dinero va inevitablemente a invadir la arena política y lo mejor que podemos hacer como sociedad es regular dicha influencia. Se señala que transparentando la intervención del dinero en política se ganará la posibilidad de controlar dicha influencia de manera de no hacerla decisiva o prevalerte, algo acerca de lo cual sin transparencia no tenemos seguridad. Los Luksic les entregan quizás cuantos millones a cada partido político. Uno se preguntará ¿A cambio de qué?
En el extremo derecho del horizonte uno se encuentra con aquellos que les gusta que la influencia del dinero en la política no sea notada, son los defensores de la estética y de la anti-política. Todo se debe resolver en el club de golf, dicen, pero claro, seguro que va acompañado con sabrosos incentivos pero ¡no de plata hombre! sino de influencia en las decisiones sobre cómo la plata se distribuye, lo que parece no ser para nada problemático (allí uno salta al mundo de las incompatibilidades). En el centro de este horizonte se encuentran los Correas y los Tironis, tratando de transformar la política en un mercado más. Los defensores del modelo americano en que nos es inmoral decir que mi plata es parte de mi libertad de expresión, mientras lo haga a la luz del sol y en las habitaciones del Congreso. Hoy en día, sin embargo, resulta absurda y anacrónica la idea de mantener la plata fuera de la política. Pero, ¿Cómo es posible conciliar esta evidente influencia del dinero en la política con el principio de que la política es una actividad entre iguales?
III. Reclamando igual influencia
Si dejar que los Luksic gasten su plata para influir en política afecta la igualdad entre los ciudadanos que a su vez es la base sobre la que la democracia construye su legitimidad deberíamos impedir que eso pasara.
¿Es imposible? Sólo exige cambiar la visión hegemónica sobre la relación entre plata y política. Una visión en que la plata es una extensión lícita de la personalidad, incluso en la esfera pública. Requiere imaginar que la plata en política es algo que no se puede permitir porque borra la más significativa de las nociónes de igualdad sobre las cuales la democracia se puede defender. Finalmente, requiere buscar arreglos institucionales que impidan su influencia o que reduzcan su impacto al mínimo posible. Pensemos en los casos del financiamiento electoral y el lobby.
En el caso del financiamiento electoral, la regulación ha intentado eliminar el rastro del origen de la plata para que los representantes no puedan saber de dónde viene la plata y así no tener que deberle favores a nadie. Pero eso ataca sólo un aspecto del problema. El otro lado del problema no se soluciona evitando que los parlamentarios sepan concretamente con quién están en deuda. Este otro problema consiste en que las opciones políticas de un sector se ven acrecentadas dado que algunos de sus simpatizantes tienen mucho dinero y están dispuestos a gastarlo para darles una ventaja. Este es siempre el caso de la derecha que recibe más dinero que la izquierda.
¿Cómo solucionar este problema? ¿Cómo hacer que ningún partido o candidato se vea perjudicado en términos de financiamiento por el hecho de que sus simpatizantes sean siempre los sectores más pobres del electorado? Opción 1. Impedir el financiamiento electoral privado: financiamiento electoral público. Opción 2. Fondo compartido de donaciones privadas. Si usted quiere donar plata para los partidos y candidatos, esta plata se repartirá entre todos los partidos y candidatos en competencia. Ambas opciones neutralizan la influencia que un ciudadano por el sólo hecho de ser rico puede ejercer sobre el sistema político. El financiamiento a los partidos y candidatos siempre puede ser indirecto. Por ejemplo, las gigantografías que “no llaman a votar” y por tanto no constituyen propaganda electoral no caen dentro del financiamiento electoral. Sin embargo, una vez que se tenga claro cuál es el principio que hay que proteger pueden darse batallas por su protección en aquellos espacios en que su vigencia se encuentra burlada.
El caso del lobby es más complejo. En principio el lobby cuando representa la pluralidad de la sociedad civil es una positiva influencia que contribuye a controlar el sistema político. La influencia de dicha pluralidad podría ser un una condición críticamente necesaria para la búsqueda del interés común. El problema es cuando esta instancia es usada por los grupos económicos poderosos para proteger su privilegio frente a cualquier amenaza como se ha visto en Chile a propósito de la ley de TV digital, la ley de pesca y cualquier ley que involucre explotación de recursos naturales o tecnología. Ante dicha realidad, lo que resulta es que la pluralidad de la sociedad civil no es representada, y aún más, incluso la pluralidad de la representación política tiende a ser nublada.
¿Resulta descabellado, en ese contexto, prohibir el lobby? Si se parte de la base que nuestras autoridades democráticamente elegidas están en sus cargos fundamentalmente porque ejercen como representantes de la ciudadanía, esto es de cada uno de nosotros de una manera igual, la pérdida de puntos de vista, información y de los intereses de la sociedad civil no sería tan dramática. Además, se garantizaría de esta manera la igual influencia en política.
Sin embargo, la influencia del dinero es demasiado flexible. Incluso si se prohibiera la superpoblación de lobistas que caminan por los corredores del Congreso, los grupos económicos encontrarían la forma de colar sus intereses dentro del aparato político. ¿Cómo hacerlo de otra manera? Si no se puede o resulta difícil eliminar la injusta ventaja de los grupos empresariales, la alternativa es subsidiar a todos aquellos que no pueden ser oídos por el estruendo del dinero. Financiamiento público para ONGs sin fines de lucro que no tengan representación actualmente y que persigan intereses públicos, incluyendo financiamiento para intervenciones ante autoridades públicas.
