Descentralización y democratización

Por Pablo Marshall Barberán

Es un eslogan afianzado que la descentralización política y administrativa implica mayor democracia. Ese eslogan se funda, por supuesto, en razones. Entre ellas se cuentan tanto malas como buenas razones. Entre las primeras se pueden anotar todas aquellas que son buenas razones para la descentralización, pero que no lo son porque hagan la toma de decisiones acerca de políticas públicas más democráticas, sino que las hace más eficientes o de mejor calidad. Un ejemplo de esto último, es la idea de que las autoridades encargadas de tomar las decisiones que afecten a una determinada localidad, estén en contacto estrecho con los habitantes de esa localidad. Esto es particularmente conveniente si tal localidad tiene rasgos diferentes a las demás localidades del país. Si eso es así, las decisiones serán más adecuadas si esos diferentes rasgos (y la comprensión que tienen los habitantes de dicha localidad de ellos) son tomados en cuenta a la hora de adoptar una política pública. Con todo, que ésta sea una buena razón para descentralizar las decisiones no la hace sin más una buena razón para afirmar que mediante esa descentralización la democracia se perfecciona.

Quienes pretenden sostener lo contrario, típicamente afirman su opinión en otro eslogan: “mientras las decisiones se encuentren más cerca de la gente, las decisiones serán más democráticas”. Sin embargo, es posible que la cercanía y la democracia de las decisiones no vayan de la mano. Eso es evidente cuando, como en Chile, nos enfrentamos a una conformación de los gobiernos regionales por parte del nivel central de la administración. Eso puede, junto con acercar las decisiones a las personas, volverlas menos democráticas. La forma en que el ciudadano se vincula con quien toma las decisiones es más lejana y la forma de participación que tiene la ciudadanía, que es mediante el sufragio en la elección de las autoridades centrales, tiene poco que ver con las personas y las decisiones que son tomadas en el nivel local. Mientras el vínculo entre la ciudadanía y la autoridad sea indirecto y la influencia que la primera tenga sobre la segunda no sea percibida como relevante, la descentralización no implicará democratización.

Sin embargo, hay otras razones que conectan internamente, y de una manera esta vez adecuada, descentralización y democracia, que no pueden reducirse simplemente a acercar las decisiones a la gente. Ellas implican entregar a los ciudadanos herramientas para que puedan influir en el contenido de las decisiones que las autoridades descentralizadas tomen. Esa influencia, sin embargo, no depende sólo de la cercanía, sino también de la actitud activa que los ciudadanos de una localidad tomen frente a las políticas públicas.

Lamentablemente, una actitud activa tiende a estar bloqueada por lo que Charles Taylor ha llamado el círculo vicioso de la apatía política, en que la sensación de alienación del ciudadano frente a la centralización y la burocratización de la sociedad redunda en que la apatía del ciudadano facilita “el crecimiento del poder del gobierno irresponsable, el cual incrementaría el sentimiento de impotencia que, a su vez, fijaría la apatía” (Argumentos Filosóficos, 1997).

Romper el círculo de la apatía, requiere dejar de considerar distante e insensible a las autoridades que toman las decisiones que afectan a los ciudadanos. La distancia es, por tanto, sólo uno de los problemas a corregir. Eliminar la falta de sensibilidad, o al menos atenuarla, requiere la incorporación de herramientas de participación en la esfera pública local y muchas veces la completa creación de ésta última.

El funcionamiento de una esfera pública local requiere que el conjunto de ciudadanos de una localidad pueda reflexionar conjuntamente sobre cuales son sus problemas y cuáles deberían ser las soluciones a aquellos. Ello constituye el punto de partida para que una comunidad local pueda influir en como las políticas públicas son llevadas a cabo.

Por otro lado, para eliminar la sensación de insensibilidad, se requiere que la esfera pública local pueda tener influencia real en las políticas públicas. Aquí el llamado a democratizar la elección de todas las autoridades locales está a tiro de cañón. Sin embargo, debe advertirse que esa decisión no redundará en más democracia ni facilitará la toma de mejores decisiones, si no va acompañada de una cultura pública local y cierta responsabilidad respecto a los asuntos comunes que no es fácil encontrar cuándo nos enfrentamos al círculo vicioso de la apatía.

La conexión entre democratización y descentralización no es, por tanto, fácil de construir. Por supuesto, y esto es lo que quiero recalcar, no se dará mediante la organización de elecciones populares para seleccionar a las autoridades locales, si quienes son llamados a elegir no muestran algún grado de compromiso con algo parecido a una comunidad política local. Sin comunidad local, la democracia local no es posible.

La agenda democrática del Gobierno

Por VL

Como bien ha recordado el Presidente, hace 25 años, cuando Chile aún era gobernado por el dictador Augusto Pinochet, se logró un acuerdo entre la izquierda y la derecha, que él llama “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia”. Fruto de tal acuerdo surgieron, señala Piñera, las bases de lo que sería la reforma constitucional de 1989.

En conmemoración de tal evento, Piñera anuncia esta semana el ingreso de tres proyectos de ley al Congreso: uno referido a la iniciativa ciudadana de ley, otro referido a la realización de plebiscitos comunales, y el último referido las declaraciones de patrimonio e intereses. El Presidente denomina a estos tres proyectos (o quizás a cada uno por separado) “La Agenda Democrática”.

Me gustaría comentar -siguiendo el estilo del Presidente- tres cosas.

Primero: El llamado Acuerdo Nacional para la Transición a la "Plena" Democracia, en verdad era un acuerdo para la transición a la Democracia (a secas). Además, hay que recordar que durante la negociación, la UDI planteó que había un punto que dificultaba la posibilidad de encontrar un acuerdo, esto es, que la oposición estimaba “indispensable reformar y flexibilizar aún más los mecanismos de reforma y eliminar los senadores designados”. La UDI agregaba que eso “significa(ba) entregar las llaves de la constitución para efectos que ellos puedan en el futuro hacer todos los cambios restantes para desmantelarla”[i]. Pese a tales declaraciones, el acuerdo final incluyó la eliminación de los senadores designados[ii]. Sin embargo, sometido a aprobación de la Junta de Gobierno, el texto acordado se rechazó, incluyendo -coincidentemente- la eliminación de los senadores designados, entre otros aspectos. Tal reforma constitucional sólo pudo llevarse a efecto en 2005.

[i] El mercurio sábado 6.05.1989. Citado por: Andrade Geywitz, Carlos: Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1991, p. 137.

[ii] Ver texto completo del acuerdo en: Andrade Geywitz, Carlos, ob. Cit., p. 315 y ss.

Segundo, la idea del proyecto de iniciativa ciudadana de ley data de 1995. Desde esa fecha se han presentado al menos 7 mociones parlamentarias[i]. Como sabemos, ninguno de tales proyectos ha prosperado. Además, ninguno de ello ha pasado siquiera el primer trámite legislativo. A ello hay que agregar el proyecto de la ex Presidenta Bachelet (boletín Nº 5221-07), de julio de 2007, en el cual se reconocía la iniciativa popular de ley. Según trascendidos, el proyecto del gobierno excluye las materias que sean de iniciativa exclusiva del Presidente, al igual que lo hacía el proyecto de Bachelet.

Respecto del proyecto de plebiscitos comunales, que el Presidente Piñera ha anunciado, cabe señalar que éstos existen desde 1990, creados por la Nº 18.963. Fueron perfeccionados y ampliados en 1999, por la ley Nº 19.602 de dicho año (iniciada por mensaje del gobierno de la época) [ii]. Seguramente el Gobierno se propone ampliar el ámbito de tales plebiscitos, no crearlos, como se ha anunciado y confusamente se ha difundido.

Respecto de la tercera iniciativa anunciada por el Gobierno, sin conocer el contenido del proyecto, resulta al menos sorprendente que el Presidente exprese que evitar conflictos de interés es funcional a la democracia. Sería deseable que esta manifestación de voluntad se extendiera al proyecto sobre fideicomiso ciego, por ejemplo.

Tercero: No es un problema que las iniciativas del Gobierno no tengan originalidad o que puedan resultar contradictorias con el comportamiento en votaciones previas de los parlamentarios de la Alianza por Chile en materias de fortalecimiento de la democracia. Al contrario, ello podría ser una virtud en atención a una propuesta concreta. El problema es que una agenda que se precie de democrática debe, al menos, considerar una reforma al sistema binominal. Por ahora, en la agenda del gobierno tal tema brilla por su ausencia, si bien el Presidente ha reconocido tal déficit, no parece resultarle un problema.

Hasta ahí la agenda democrática. En honor a la primera entrada de este blog, sólo un comentario más sobre la agenda: demasiada camiseta y cada vez menos gambeta.

[i] Boletines Nºs 1696, 2489, 3559, 3575, 3663, 4165 y 4191.

[ii] Se redujo el porcentaje de ciudadanos para convocarlos, se flexibilizó la formalidad para solicitarlos y se hicieron vinculantes, entre otras cosas.