Problemas del sistema electoral: ¿cómo superarlos mirando el sistema escocés?

Por Pablo Marshall B.

El sistema electoral chileno enfrenta una crisis de legitimidad, que se arrastra desde su origen, pero que actualmente lo afecta más poderosamente al ser identificado como el último bastión de los llamados enclaves autoritarios y al ser indicado como uno de las fuentes de descontento para con la clase política. En concreto, son tres los puntos que generan más rechazo del actual sistema para elegir a los parlamentarios.

El primero y más importante es que no permite la competencia. Esto quiere decir que, en la mayoría de los casos, la elección no sirve para elegir a los representantes sino sólo sirve para ratificar la elección que ya ha sido realizada por los partidos al seleccionar sus candidatos. El actual sistema puede ser caracterizado como uno binominal mayoritario. El principal problema de competencia es que este tipo sistema genera es que mediante él se elige a las dos primeras mayorías, lo que hace que los perdedores no pierdan y los ganadores no ganen, sino que se genere un constante estado de empate entre los primeros y los segundos.

El segundo punto conflictivo es que el actual sistema tiene como consecuencia la exclusión de los partidos minoritarios del parlamento. Esto se debe fundamentalmente a que tiende a beneficiar la conformación de dos listas que obtendrán uno de los dos escaños que cada circunscripción ofrece. Con la conformación de dos listas, el sistema tiende a anular la importancia de la tercera fuerza electoral, que nunca o casi nunca obtendrá representación, pese a tener un porcentaje relevante de los votos en un panorama general. 

El tercer punto, quizás el menos urgente, es que privilegia a los partidos políticos sobre los independientes. El sistema de listas permite la suma de los votos de la lista para el efecto de considerar los candidatos electos (que serán los candidatos más votados de las dos listas más votadas), lo que va en permanente perjuicio de los candidatos independientes que no pueden sumar a su votación los votos de su compañero de lista.

Una eventual reforma al actual sistema binominal tiene que hacerse cargo, al menos parcialmente, de estos problemas. Una mirada al sistema electoral escocés puede servir como un buen ejercicio para examinar cómo el problema de legitimidad del sistema chileno puede ser enfrentado.

En Escocia el Parlamento está compuesto de una sola cámara que es integrada por 129 miembros elegidos por el pueblo de dos formas distintas. Hay 73 de ellos que son elegidos en una pequeña circunscripción (constituency) bajo el tradicional sistema británico mayoritario uninominal. El candidato que recibe la mayor cantidad de votos resulta elegido, sin importar nada más. Como contrapartida, los restantes 56 miembros del Parlamento Escocés son elegidos por circunscripciones más grandes (region) en cada una de las cuales se eligen 7 candidatos conforme a un sistema proporcional en base a listas.

Si se observa cuidadosamente el sistema escocés enfrenta cada uno de los problemas diagnosticados para el actual sistema chileno. En primer lugar, es un sistema altamente competitivo. En las elecciones en cada constituency, bajo el sistema el ganador se lleva todo, los incentivos están puestos en la competencias entre los distintos partidos o coaliciones. En las elecciones en cada region, el sistema por listas tenderá también a la competencia, en la medida que la asignación de los escaños estará dada en directa relación con los votos obtenidos. En segundo lugar, es un sistema que da cabida a la representación de minorías. Lo hace de dos formas. Posibilitando que los pequeños partidos obtengan escaños en base al sistema proporcional. Un partido con más de 20% en la elección global se asegura cierta representación, pese a perder todas las elecciones uninominales. Pero también lo hace bloqueando la influencia de las listas en las elecciones en las constituency, las que no consideran la necesidad de mayorías calificadas o la suma de los votos de la lista. Esta característica sirve también al último de los problemas observados. En una elección en que un candidato independiente se enfrenta solamente contra otros candidatos individuales, las probabilidades de obtener el triunfo son mayores.

Pueden tomarse las características del sistema escocés para proponer una reforma al sistema electoral chileno produciendo el menor trastorno en el marco institucional del parlamento. La propuesta es la siguiente: (1) Cada distrito electoral elegirá sólo un diputado por medio del sistema mayoritario uninominal. Esto llevara a la elección de 60 diputados; (2) cada circunscripción senatorial elegirá tantos diputados como distritos electorales contenga sobre la base de un sistema proporcional por listas. Al mismo tiempo, cada circunscripción elegirá un senador sobre la base del sistema mayoritario uninominal; (3) sobre la base de una elección nacional y un sistema proporcional por listas se elegirán tantos senadores como circunscripciones senatoriales existan.

Parlamentarios y ministros

 Por Pablo Marshall Barberán

En un régimen presidencial, la incompatibilidad personal entre parlamentario y miembro del gobierno tiene como finalidad garantizar la independencia del Congreso frente a la intromisión del Presidente. Esto tiene su fundamento en el rol de control que el Congreso cumple respecto del gobierno, por diversos medios, ya sea delimitando su campo de acción mediante la creación de la ley, controlando los gastos o fiscalizando políticamente la eficacia y eficiencia de su actividad.

La Constitución chilena ha tendido a desmantelar la capacidad del Congreso para controlar al gobierno, entregándole a este último el control de la legislación y limitando el control presupuestario del Congreso. Este escenario presenta a un Presidente sin contrapeso dentro del Estado.

Cuándo la Constitución fue modificada para zanjar toda duda con respecto a la capacidad del Presidente para nombrar a parlamentarios como ministros, se avanzó aún más en esa dirección: hacía el presidencialismo que tantos critican. Eso se hace evidente cuando, uno de los efectos del cambio de gabinete recién pasado fue el de desmantelar los proyectos de ley más conflictivos que habían sido generados dentro del propio parlamento, por Allamand y Matthei justamente, y que amenazaban con incomodar el protagonismo comunicacional del Gobierno.

Se ha abierto una nueva discusión acerca de cómo se reemplazan los parlamentarios nombrados, lo que hace evidente que el problema de que la inmensa superioridad del Presidente sobre el Congreso no es siquiera visto como un problema.

Las fórmulas de reemplazo que han sido presentadas, son de todo tipo. Desde la actualmente vigente, que ha desatado tanta polémica, pasando por la anteriormente establecida que favorecía al compañero de lista, hasta que el nombramiento se haga por parte de los concejales de las comunas afectadas.

Particularmente una de las formulas propuestas ha llamado mi atención: que los parlamentarios no se reemplacen. Esta fórmula tiene dos virtudes. En primer lugar, elimina el problema del centralismo, la dedocracia y la desconexión de la ciudadanía con los órganos del Estado. En segundo lugar, y más importante, sirve como incentivo a que los parlamentarios se lo piensen bien antes de cambiar de cargo. Tendrán detrás de ellos a sus partidos, urgidos por su merma de poder relativo, y tendrán detrás de ellos a los electores, enojados por la situación de desamparo en que su representante los dejará. Tendrán que ser buenas y calificadas razones, las que tenga un parlamentario para irse al gobierno. Eso, reforzaría la independencia del parlamento y fortalecería el control democrático del gobierno, lo que no es poco.

En todo caso, lo más razonable para este objetivo de darle más poder al Congreso, que creo que la reforma institucional debería tomar en cuenta, sería hacer simplemente incompatibles los cargos parlamentarios con el trabajo en el gobierno.

¿Cómo afecta el voto obligatorio a la libertad?

Por Pablo Marshall Barberán

Nuevamente – ¿cómo no? – está en debate la cuestión de si el voto debe ser voluntario u obligatorio. Se vuelven a repetir los argumentos de lado y lado, como disco rallado.

Revisemos los argumentos de los promotores del voto voluntario.

Primero, el voto voluntario aumentaría la participación electoral. Obviamente, este argumento es débil. La participación electoral, si uno mira el horizonte comparado, es siempre mayor allí donde el voto es obligatorio. Es mayor porque los ciudadanos se ven compelidos a votar por temor a la posible sanción, pero también es mayor porque el simbolismo que involucra que el voto sea obligatorio es entendido por los individuos como un deber que los identifica y distingue como ciudadanos. Quienes sostienen que la pura conversión del voto obligatorio a voluntario es suficiente para aumentar el caudal electoral, están equivocados. Ello podría ser así, si se implementase otro tipo de reformas que estimulara la participación a través de la evidenciación de la influencia del voto en la toma de decisiones estatales. Eso que en Chile no está cerca de suceder.

Segundo, el voto obligatorio aumenta el poder del Estado haciendo que la voluntad de los ciudadanos no importe; el voto voluntario devolvería el poder a los ciudadanos. En este argumento está la falacia más recurrente de los defensores del voto voluntario. Consiste en hacernos pensar que un derecho debe ser siempre, al mismo tiempo, una libertad. Es perfectamente posible la existencia de un derecho – que consiste en este caso, en que el Estado no puede evitar que yo ejerza el voto que la Constitución me garantiza – cuyo contenido sea obligatorio – obligación que consiste en que el ciudadano debe ejercer el voto –. Que el voto sea un derecho y una obligación quiere decir que ni el Estado ni el propio ciudadano pueden voluntariamente impedir que el sufragio se efectúe. Pero no se entiende cómo eso hace que el poder político transite desde los ciudadanos hacía el Estado. Eso sería plausible si el gobierno de turno pudiera determinar los casos en que el voto fuera obligatorio; pero cuando lo que hacemos es discutir sobre una norma constitucional es evidente que no es una cuestión que queda en manos del gobierno de turno.

Tercero, y aquí nos acercamos a la cuestión objeto de esta columna, el voto obligatorio afecta la libertad de los individuos. Y por supuesto que lo hace. Desde una perspectiva liberal, todas o casi todas las normas estatales afectan la libertad de los individuos. La obligación de manejar con cinturón de seguridad es una norma que afecta la libertad tanto como lo es la prohibición de disparar armas de fuego sobre seres humanos. Esto es así, si entendemos por libertad el poder actuar conforme a nuestro arbitrio sin interferencias. El argumento de la libertad puede ser objeto de varias observaciones:

(a) hasta los más fervientes liberales reconocen que hay otros intereses adicionales que proteger y fomentar además de la libertad individual. Prohibimos matar porque protegemos la vida; obligamos al uso del cinturón porque valoramos la seguridad durante actividades peligrosas; por último, obligamos a votar porque consideramos importante la legitimación democrática del gobierno.

(b) hay otras formas de entender la libertad, distintas a la no-interferencia. La libertad puede también ser concebida como la ausencia de dominación arbitraria por parte de un tercero. En este sentido, la libertad no importa la posibilidad de hacer lo que se me antoje, y mis acciones puede estar limitadas, tanto por consideraciones de libertad -  esto es, implementar mecanismos de no dominación – como por otro tipo de intereses o fines que los ciudadanos libremente determinen.

(c) es difícil entender que cualquier afectación de la libertad tenga el estatus de afectación a una libertad fundamental como se ha sugerido por los defensores del voto voluntario. Este es el punto sobre el que me quiero detener al final de esta columna.

Es bien diferente decir que el voto obligatorio afecta mi libertad de acción que decir que afecta mi libertad política – tendemos a pensar en la libertad política como una libertad fundamental –. Eso se traduce para quienes apelan al argumento de la prioridad de la libertad, por sobre otros objetivos o valores, en la necesidad de justificar la importancia de la libertad afectada. En los términos del debate actual, que la obligatoriedad del voto afecte mi libertad de irme a la playa por el fin de semana o mi libertad de quedarme en casa descansando, no parece ser un argumento de atención, ni parece reclamar la prioridad que los liberales reclaman para las libertades fundamentales por sobre la comunidad. Ese argumento si debe considerarse con atención cuando lo que es amenazado es la libertad política, esto es, la posibilidad de elegir libremente entre las distintas opciones disponibles para ejercer el poder del Estado, que incluye por supuesto, el rechazo de la oferta que se manifiesta institucionalmente a través de las elecciones.

Si los defensores del voto voluntario logran demostrar que el voto obligatorio viola la libertad política de los ciudadanos tendrán un buen argumento para su propósito. Pero ese argumento no ha sido esgrimido convincentemente en la discusión pública todavía: ¿libertad de qué? es la pregunta que subsiste.

En este sentido, se ha argumentado que al obligar a los ciudadanos a votar se les priva de la opción de expresar su rechazo al sistema político vigente como una forma legítima de toma de decisiones. Es curioso que ese argumento venga ofrecido justamente por los defensores del orden establecido, esto es por definición, la derecha.

Si bien este argumento es poderoso, porque atiende a la única manifestación de la libertad política que no sería adecuadamente respetada por el voto obligatorio (la flojera o las ganas de ir a la playa no pueden considerarse libertades políticas fundamentales), no parece que el voto voluntario sea la forma adecuada de comprometerse con su respeto. Fundamentalmente, porque el voto voluntario no permite diferenciar quienes rechazan el sistema de quienes no concurren a votar por razones egoístas. Pero también porque existen otros mecanismos institucionales que permitirían, antes que el voto voluntario, considerar la libertad política de quienes rechazan el sistema político. Un ejemplo de estos últimos es un mecanismo de excusión para la elección que signifique un sacrificio a la libertad de acción equivalente a la concurrencia a la votación, pero que no obligue a los ciudadanos a la expresión política a favor del sistema político imperante. Es más, el trámite podría hacerse incluso en la misma mesa receptora de sufragios a la cual el ciudadano está adscrito. Es más, quienes rechazan el sistema político actual como legítimo, deberían declararse partidarios del voto obligatorio, pues el es modelo que les permite expresar su desacuerdo diferenciadamente de los egoístas, como una forma de desobediencia civil.

Si no es la libertad de rechazar el sistema político imperante, ¿cuál es la libertad fundamental a la que afecta el voto obligatorio? ¿Cómo afecta el voto obligatorio a la libertad? Espero una explicación.

¿Por qué seguir con las becas Chile?

Hace unos días se divulgó que el Gobierno reformará en una serie de sentidos el sistemas de becas para realizar postgrados en el extranjero (becas chile). La idea de fondo es racionalizar el sistema y restringir el número de beneficiarios.

Es indudable que el sistema tiene que sufrir modificaciones para asegurar imparcialidad y equidad en la asignación de las becas. Pero ni la finalidad ni las medidas concretas del Gobierno van en la dirección correcta.

Ante todo, restringir significativamente el número de becarios va justamente en contra del sentido original de esta política. El objetivo de ella no es beneficiar a personas concretas especialmente dotadas intelectualmente para que desarrollen investigaciones aisladas en sus respectivas áreas. El desafío, en cambio, es colectivo. Como país necesitamos aumentar la cantidad de ciudadanos con estudios avanzados para alcanzar los niveles de desarrollo que nos hemos autoimpuesto.

Un ejemplo histórico puede ayudar a ilustrar la importancia del punto recién señalado. Eric Hobsbawm, preguntándose por las razones del declive británico a fines del siglo XIX y comienzos del XX, ha mencionado a la educación como un factor relevante. Por ejemplo, en 1913 Gran Bretaña contaba con sólo 9.000 estudiantes universitarios mientras que Alemania contaba con 60.000. En el mismo sentido, hace notar que Inglaterra y Gales poseían 350 ingenieros graduados mientras Alemania poseía 3.000. Estos datos explican en parte el declive británico. Gran Bretaña dejaba todas las decisiones de inversión económica a las decisiones aisladas de los privados. Por eso no fue capaz de desarrollar políticas de Estado que fueron antieconómicas en el corto plazo, pero vitales en el mediano y largo plazo.

No obstante, la propuesta del gobierno no sólo tiene problemas de orientación, sino también problemas en el plano específico. Que sólo puedan ganar la beca quienes hayan sido aceptados previamente en un programa de postgrados tiene varias desventajas. Ante todo, claramente esto no genera un ahorro significativo. Si una persona recibe la beca y luego no queda aceptado en un programa de postgrado, entonces no habrá gasto en ningún sentido relevante. Obviamente quien no es aceptado en el programa no gastará recursos públicos en ese programa. Tampoco viajará al país respectivo, ni nada por el estilo. Ahora, si para postular tuvo que aprender otro idioma y para eso recibió una beca, no parece una mala política aquella que indirectamente genera más profesionales que hablen un segundo idioma.

Si bien la reforma no ahorra costos, sí genera otros problemas. Un problema mayor es de coordinación de los tiempos entre la postulación-adjudicación de las becas y la postulación-aceptación en las universidades. Por un lado, esto significará que perderemos un importante beneficio del sistema actual, como es postular a las universidades con el financiamiento asegurado. Esto es relevante, pues es un factor que las Universidades extranjeras consideran para aceptar a los postulantes. Por otro lado, hay un problema de coordinación propiamente tal. La reforma promueva largas esperas para iniciar el programa. Así, entre septiembre y marzo de un año debe postular a un programa y ser aceptado. Luego, en junio de ese año debe postular a las becas. Sólo en noviembre sabrá los resultados. Si es aceptado, sólo en septiembre del tercer año (¡) podrá iniciar sus estudios. Todo se complica más si el profesional quiere seguir un magíster y luego un doctorado. En definitiva, el sistema haría imposible o extremadamente oneroso seguir la beca del perfeccionamiento fuera de Chile.

Para terminar, quiero comentar brevemente la posibilidad de modificar el sistema de becas por un sistema de créditos. Se dice que en Chile quien tiene un postgrado en el extranjero incrementa sus ingresos sustantivamente respecto de la generalidad de la población. Por eso, un sistema de becas sería una idea regresiva. Por lo tanto, seria mejor establecer un sistema de créditos (blandos) de manera que quien en el futuro pueda pagar pague. Así, los estudios de postgrado serán una decisión individual de inversión “con garantía estatal”. Esta idea no sólo es contraria a la lógica colectiva que mencioné al inicio de esta columna de opinión. Además, creo un incentivo perverso: sólo los profesionales para quienes estudiar un postgrado sea una buena inversión tendrá estímulos para hacerlo. Quienes, en cambio, deseen estudiar disciplinas no (tan) rentables o bien quieran desarrollar carreras profesionales menos orientadas al mercado, tendrán trabas para estudiar un postgrado. Esta consecuencia es altamente no recomendable.

Al contrario, deben generarse incentivos para impedir que quienes decidan estudiar un postgrado sobre la base de consideraciones meramente económicas, tengan más dificultades en hacerlo. Eso se logra mediante exclusiones de financiamiento respecto de ciertos programas y mediante exigencias de “reembolso no económico” de los beneficios recibidos.

En consecuencia, las modificaciones que ha anunciado formal e informalmente el gobierno significarían un desajuste tal en el sistema que provocaría un cambio de orientación absolutamente inconveniente.

Descentralización y democratización

Por Pablo Marshall Barberán

Es un eslogan afianzado que la descentralización política y administrativa implica mayor democracia. Ese eslogan se funda, por supuesto, en razones. Entre ellas se cuentan tanto malas como buenas razones. Entre las primeras se pueden anotar todas aquellas que son buenas razones para la descentralización, pero que no lo son porque hagan la toma de decisiones acerca de políticas públicas más democráticas, sino que las hace más eficientes o de mejor calidad. Un ejemplo de esto último, es la idea de que las autoridades encargadas de tomar las decisiones que afecten a una determinada localidad, estén en contacto estrecho con los habitantes de esa localidad. Esto es particularmente conveniente si tal localidad tiene rasgos diferentes a las demás localidades del país. Si eso es así, las decisiones serán más adecuadas si esos diferentes rasgos (y la comprensión que tienen los habitantes de dicha localidad de ellos) son tomados en cuenta a la hora de adoptar una política pública. Con todo, que ésta sea una buena razón para descentralizar las decisiones no la hace sin más una buena razón para afirmar que mediante esa descentralización la democracia se perfecciona.

Quienes pretenden sostener lo contrario, típicamente afirman su opinión en otro eslogan: “mientras las decisiones se encuentren más cerca de la gente, las decisiones serán más democráticas”. Sin embargo, es posible que la cercanía y la democracia de las decisiones no vayan de la mano. Eso es evidente cuando, como en Chile, nos enfrentamos a una conformación de los gobiernos regionales por parte del nivel central de la administración. Eso puede, junto con acercar las decisiones a las personas, volverlas menos democráticas. La forma en que el ciudadano se vincula con quien toma las decisiones es más lejana y la forma de participación que tiene la ciudadanía, que es mediante el sufragio en la elección de las autoridades centrales, tiene poco que ver con las personas y las decisiones que son tomadas en el nivel local. Mientras el vínculo entre la ciudadanía y la autoridad sea indirecto y la influencia que la primera tenga sobre la segunda no sea percibida como relevante, la descentralización no implicará democratización.

Sin embargo, hay otras razones que conectan internamente, y de una manera esta vez adecuada, descentralización y democracia, que no pueden reducirse simplemente a acercar las decisiones a la gente. Ellas implican entregar a los ciudadanos herramientas para que puedan influir en el contenido de las decisiones que las autoridades descentralizadas tomen. Esa influencia, sin embargo, no depende sólo de la cercanía, sino también de la actitud activa que los ciudadanos de una localidad tomen frente a las políticas públicas.

Lamentablemente, una actitud activa tiende a estar bloqueada por lo que Charles Taylor ha llamado el círculo vicioso de la apatía política, en que la sensación de alienación del ciudadano frente a la centralización y la burocratización de la sociedad redunda en que la apatía del ciudadano facilita “el crecimiento del poder del gobierno irresponsable, el cual incrementaría el sentimiento de impotencia que, a su vez, fijaría la apatía” (Argumentos Filosóficos, 1997).

Romper el círculo de la apatía, requiere dejar de considerar distante e insensible a las autoridades que toman las decisiones que afectan a los ciudadanos. La distancia es, por tanto, sólo uno de los problemas a corregir. Eliminar la falta de sensibilidad, o al menos atenuarla, requiere la incorporación de herramientas de participación en la esfera pública local y muchas veces la completa creación de ésta última.

El funcionamiento de una esfera pública local requiere que el conjunto de ciudadanos de una localidad pueda reflexionar conjuntamente sobre cuales son sus problemas y cuáles deberían ser las soluciones a aquellos. Ello constituye el punto de partida para que una comunidad local pueda influir en como las políticas públicas son llevadas a cabo.

Por otro lado, para eliminar la sensación de insensibilidad, se requiere que la esfera pública local pueda tener influencia real en las políticas públicas. Aquí el llamado a democratizar la elección de todas las autoridades locales está a tiro de cañón. Sin embargo, debe advertirse que esa decisión no redundará en más democracia ni facilitará la toma de mejores decisiones, si no va acompañada de una cultura pública local y cierta responsabilidad respecto a los asuntos comunes que no es fácil encontrar cuándo nos enfrentamos al círculo vicioso de la apatía.

La conexión entre democratización y descentralización no es, por tanto, fácil de construir. Por supuesto, y esto es lo que quiero recalcar, no se dará mediante la organización de elecciones populares para seleccionar a las autoridades locales, si quienes son llamados a elegir no muestran algún grado de compromiso con algo parecido a una comunidad política local. Sin comunidad local, la democracia local no es posible.

Persecución penal, medios de comunicación e igualdad

Por Pablo Marshall Barberán

El tratamiento que el sistema penal y los medios de comunicación social dan a las personas parece ser discriminatorio. La discusión en torno al juicio oral contra María del Pilar Pérez y a favor de Klauss Schmidt-Hebbel nos da una excusa para escrutar sobre razones e implicancias.

La semana pasada comenzó el juicio contra “La Quintrala de Seminario”. El caso, que desde su comienzo ha generado polémica, no podía parar de darnos una nueva oportunidad, ahora en el ámbito del juicio oral, para discutir. Los fuegos partieron por parte de la provocadora columna de Carlos Peña, que fue respondida inmediata y convincentemente por la carta del abogado querellante de la familia de la víctima. La discusión, en particular en lo que respecta a los derechos y funciones que corresponden a las víctimas dentro del sistema procesal penal parece no ser muy fructífera. A mi entender, Peña hablaba en un lenguaje ajeno al derecho positivo; hablaba de lege ferenda. La respuesta vino dada de lege lata. Es una discusión interesante sobre el sentido que tiene la intervención de las víctimas – o en este caso, de lege ferenda, de los familiares de la víctima – en el proceso penal; una discusión que considero no se ha tomado demasiado en serio a la hora de discutir cómo diseñamos nuestro sistema procesal penal. Pero eso no es sobre lo que me quiero detener.

Una de las cuestiones llamativas de la columna de Peña es su título. Él hace referencia a la diferencia social que hay entre querellante y acusada. Puede que en el caso de “La Quintrala” la diferencia no sea relevante, pero sí llama la atención sobre una particularidad del caso que no puede obviarse.

Esta semana se descubrió el cadáver de una mujer de alrededor de 25 años de edad que yacía en un sitio eriazo en la comuna de La Pintana. Estefanía Alfaro González, la mujer muerta, se encontraba embarazada de 8 meses. El caso llamó la atención de los medios por la presunta participación en la comisión del delito de un carabinero que frecuentaba a la mujer. De inmediato la atención se desvío desde la comisión de un homicidio a la morbosa consideración de que en su realización haya participado un funcionario que tiene justamente la función de evitar esa clase de hechos. Me gustaría saber, si el celo policial y administrativo, los recursos fiscales al servicio de la investigación, y los medios de comunicación que cubren el hecho, darán cuenta de este presunto crimen de igual manera que lo hicieron en el caso “Contra Pérez López”.

Sólo para abundar en antecedentes para una respuesta que ya parecerá obvia. En Mayo, fue asesinada Gemita Débora Pérez Garrido, de 20 años, en la comuna de La Granja. Su homicidio sólo fue comunicado cuando se encontró el cadáver y cuando se apresó a su presunto verdugo. En la prensa escrita, apareció sólo una nota de no más de 10 líneas.

La respuesta a si el Estado y los medios de comunicación – que no debemos olvidar, tienen un estatuto especial, pues cumplen una función pública –, tratan la comisión de delitos – en todos estos casos de homicidio – de igual forma, debe ser categórica: no.

La pregunta que sigue es: ¿es justo o razonable que sea así? Bueno, cuando nuestra constitución señala que todas las personas son iguales, y especialmente iguales ante la ley, no parece razonable ni justo. ¿Cuál es entonces el problema? Me parece que no puede agotarse el asunto de la discriminación en una columna como esta, pero sí pueden aportarse algunas ideas. En particular, me gustaría hacer dos comentarios.

En primer lugar, el carácter de crimen de alta connotación pública parece estar siendo en extremo relevante para determinar el nivel de gasto y prioridad que se da a un caso por parte del Ministerio Público. A mi parecer, eso transforma el sistema en discriminatorio. El gasto y la prioridad que deben tener la investigación de los delitos no pueden estar a merced de la sensación térmica con que la política criminal del gobierno, hoy reconvertida en “seguridad ciudadana”, se lleva a cabo. No puede responder a las exigencias, ni de una encuesta, ni de la opinología de matinal. Debe, si se quiere ser justo y razonable, dar igual tratamiento a los crímenes y delitos de un mismo tipo, independiente de su connotación televisiva o de la exclusividad social de las victimas. Para eso, el Ministerio Público tiene atribuciones y no se necesita reforma legal alguna.

En segundo lugar, el tratamiento que hacen los medios de comunicación en estos casos es ridículamente elitista y discriminatorio. Y la explicación de ello viene dada por la desvalorización de la función informativa sobre la visión competitiva que el libre mercado imprime en la producción de noticias por parte de los medios. Es interesante preguntarse, en esta lógica, qué es lo que marca que el caso “contra Pérez López” sea en extremo interesante. Las respuestas en competencia son: (1) la tesis de que “Los ricos también lloran”; (2) la tesis de “la nueva Quintrala” en nuestra cultura popular; (3) la tesis de que la víctima en este caso era “GCU”.

Cualquiera que sea la respuesta, la consecuencia que ha tenido el extremo interés que el caso ha gatillado en la población, repercute directamente sobre el resultado del juicio, pero también sobre el sistema informativo. Que los jueces son profesionales, al igual que los fiscales, no los hace inmunes a la influencia de la opinión pública. Por otro lado, no debemos olvidar que la producción de noticias, al igual que cualquier otro medio de producción tiene alcance limitado. En la medida que se producen más noticias sobre los Diego Schmidt-Hebbel Niehaus, se dejan de producir noticias sobre Gemita Débora Pérez Garrido y sobre Estefanía Alfaro González; y eso, es un problema para la igualdad.

Chile, el terremoto y el mito

Por Juan Pablo Mañalich R.


(Publiqué este artículo en un periódico puertorriqueño en marzo de este año; lo dejo por si, aun con retardo, pudiera ser de interés.)


He recibido una invitación de Claridad para contribuir con un artículo acerca del terremoto y maremoto que azotó a Chile hace algo más de una semana. En la invitación se indicaba que el artículo podía ser testimonial o analítico. En mi caso, la alternativa es sólo aparente. Los habitantes de Santiago, la capital, en general estamos lejos de haber experimentado algo parecido a lo que vivieron, y siguen viviendo, los habitantes de la zona centro-sur del país. Pero esta precisión es, todavía, demasiado gruesa. Porque quizá lo más aterrador de este terremoto haya sido constatar, en los días inmediatamente siguientes, que en lo que se ha dado en llamar el “sector oriente” de Santiago –que agrupa las comunas en que viven los grupos de mayor poder adquisitivo –prácticamente no había huellas del sismo. “Es como vivir en otro mundo”, me dijo alguien que comentaba la abismante divergencia entre la propia situación inalterada y las incesantes imágenes de prensa que daban cuenta de la devastación padecida por los pobladores de Talca, Constitución, Concepción, y otros muchos asientos urbanos y rurales.

En esa oración, “es como vivir en otro mundo”, hay una sola palabra de más: la preposición “como”. Porque si Wittgenstein tenía razón, y “el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas”, entonces es literalmente cierto que el mundo de muchos de los afectados por el terremoto es distinto del mundo en que se escriben estas letras.

En este abismo de lo inconmensurable, ha emergido, una vez más, un mito recalcitrante de la narrativa oficial cuando se trata de la reacción colectiva a algún “desastre natural” de proporciones: Chile es un país solidario. Éste es un eslogan que se repite, una y otra vez, hasta quedar grabado por insistencia en el aparato psíquico de todo “buen chileno”, y ha vuelto a mostrar resultados. Tras una jornada televisada de 25 horas de transmisión ininterrumpida, la campaña “Chile ayuda a Chile” no sólo logró cumplir con la recaudación esperada, sino que la duplicó, alcanzándose una suma de más de 60 millones de dólares. Algo que no deja de ser una demostración de la baja carga tributaria que soportan las grandes empresas cuyos gerentes y ejecutivos pasaban por el escenario, uno tras otro, a anunciar su sustancial aporte.

Este mito del Chile intrínsecamente solidario se reactiva de un modo abiertamente funcional a la interpretación hegemónica de lo acontecido: lo que aquí ha ocurrido es una catástrofe natural. Por supuesto, esto es trivialmente correcto, siempre que las diferencias preexistentes en cuanto a infraestructura también sean perfectamente naturales. (No hay que olvidar que en Santiago el terremoto alcanzó los 8 grados en la escala de Richter.) Que ésa sea la interpretación hegemónica vuelve bastante comprensible la perplejidad que, al mismo tiempo, medios, analistas y autoridades han mostrado frente a lo que llegó a ser llamado “el terremoto social” desencadenado por la catástrofe sísmica. En los días inmediatamente posteriores, y particularmente en la ciudad de Concepción, se produjeron episodios de “saqueo” desenfrenado de muchos establecimientos comerciales, lo que en definitiva determinó que la Presidenta de la República se viera forzada a decretar un estado de excepción constitucional que todavía se mantiene en la zona, y que ha significado que, a muy pocos días de entregar el poder al entrante gobierno de derecha recientemente elegido, el último gobierno de la concertación tuviese que contemplar cómo los militares se hacen cargo de restablecer el orden público en medio de toques de queda – algo que en Chile no ocurriría desde la dictadura militar.

Lo más curioso a este respecto, sin embargo, es la facilidad con que, en eso que algunos llaman la “opinión pública”, se impuso, como algo esencialmente obvio, una tajante y categórica diferenciación de aquellos casos en que la sustracción recaía sobre “bienes de primera necesidad”, lo cual no sería justificable, pero sí comprensible, frente a aquellos otros casos, muy distintos, de “vandalismo” y “pillaje” protagonizados por inescrupulosos movidos por el lucro y el ánimo de aprovechamiento, frente a los cuales clamara un generalizado sentimiento de indignación, que llevó a muchos a declararse avergonzados de comprobar que “no éramos todo lo bueno que creíamos”. Éstos son los mismos que ni siquiera llegan a advertir que el modo de comportamiento de semejantes “vándalos” y “pillos” es esencialmente fiel al modus vivendi que descansa en el modelo fanáticamente neo-liberal que constituye buena parte de eso que aquí se conoce como el “legado del gobierno militar”. Sí, ese mismo modelo que por dos décadas – tiempo necesario para generar la protección de la amnesia – fuera administrado, a veces de mala gana, pero en general con bastante disciplina y éxito, por la coalición de fuerzas democráticas que ahora se lo entrega de vuelta, bien conservado, a aquellos que, al amparo del régimen de Pinochet, lo diseñaron e implementaron. (Baste aquí apuntar que cuatro ministros integrantes del nuevo gabinete estudiaron economía, ni más ni menos, en la Universidad de Chicago.)

El Presidente electo recibe, este jueves 11 de marzo, un país que ahora más que nunca parece mostrarse dispuesto a aceptar su proyecto de “gobierno de unidad nacional”. La campaña televisiva del último fin de semana, que terminó con la Presidenta de la República y el Presidente electo arriba de un mismo escenario sosteniendo la bandera nacional, le ha servido de consagración plástica. Es una amarga ironía que el año 1978, durante el periodo de mayor brutalidad en la persecución y exterminio de los adversarios de la dictadura militar, fuese exactamente ese mismo formato el que lograra, así se nos dice, unir a una nación dividida. Tal es el rendimiento del mito de la solidaridad en Chile: produce la farsa de un vínculo histérico entre quienes quizá habiten un mismo territorio, pero no el mismo mundo.