Tomas en colegios y jueces

Buena columna acerca de la sentencia de la Corte de Santiago sobre la tomas en el Instituto Nacional. Atria explica bien que no se trata de un problema que esté más allá del derecho, sino simplemente la de la Corte fue una decisión legalmente infundada y que no entiende el rol de las autoridades político-administrativas. Lea la columna aquí.

Terrorismo y la pérdida del juicio

Por Rocío Lorca Ferreccio

Pocas cosas nos resultan tan importantes para nuestra vida social como nuestra práctica de juzgar nuestros propios actos y los actos de los demás. Nuestra práctica de juzgar todo lo que nos rodea, organiza nuestro mundo y nuestra identidad. Para bien y para mal. Un juicio contiene una proposición acerca de cómo es mejor o más correcto ver un suceso en el mundo o un sujeto en el mundo. Lindo, feo, bueno, malo, etc. Esas proposiciones son resistidas o confirmadas en espacios de deliberación como en cualquier conversación cotidiana, o también en el parlamento o en los tribunales de justicia. Luego, esas consideraciones pueden ser expresadas a través de ritos sociales como los premios o los castigos. En realidad, un evento en el mundo no es nada más que un movimiento de partículas hasta que interviene nuestro juicio que lo transforma en algo más. Entonces, ¿Qué es este bombazo? 

Esa es la pregunta que todos queremos responder. Pues nos resulta necesario darle algún significado. Por supuesto, muchos juicios parecen apropiados: es un hecho que constituye uno o más delitos, es un acto estúpido, es una acción egoísta, es un hecho inmoral, es un hecho injusto y, sobre todo, es un hecho que causa daño y que no queremos que se repita. Al juzgar este hecho de cualquiera de estas maneras no estamos simplemente identificando al hecho como si este viniera al mundo ya con todas estas descripciones. La acción de juzgar implica expresar cómo decidimos que nos parece mejor vivir, en el caso de los juicios antedichos, expresa que queremos vivir en un ambiente donde se valora la vida y la integridad de las personas y donde se desprecia la violencia como forma de expresión o interacción social.

Ahora imaginemos que a estos juicios añadimos el siguiente: este bombazo constituye un acto terrorista. ¿Qué quiere decirnos este juicio acerca del evento “bombazo” que no quede ya expresado por los otros juicios que mencioné arriba? ¿Qué expresa este juicio acerca del mundo en el que queremos vivir? Sin duda quiere decir “Ley 18.314”. Quiere decir que podemos desplegar todo nuestro poder y nuestra “inteligencia” para responder frente a este hecho. Y esto implica en concreto, que podemos suspender nuestros compromisos con una cierta visión de los derechos y dignidad de todas personas. Podemos renunciar a la aspiración de que, aunque sea difícil, debemos intentar asegurar que la persecución penal se lleve a cabo de manera profesional, organizada, respetuosa e imparcial. Podemos suspender la aplicación de aquellas reglas legales que hemos logrado establecer poco a poco para asegurar el respeto a derechos civiles y políticos que consideramos muy valiosos. Ejemplos de estas reglas son: la proporcionalidad de los castigos penales, la libertad de conciencia, la brevedad de los plazos de detención, el derecho a conocer la prueba que se levanta en nuestra contra para poder defendernos de lo que se nos acusa, etc. 

Pero ¿Por qué podemos hacer todo esto? ¿Qué nos dice este juicio sobre el hecho mismo del bombazo que explique porqué corresponde suspender el mundo de los derechos y el debido proceso? La verdad es que no tenemos demasiada idea. Sabemos lo que la ley 18.314 permite luego de que consideramos a un hecho como una acción de terrorismo, y sabemos que sus primeros dos artículos nos entregan ciertos criterios para saber cuándo un hecho puede ser juzgado como tal. Básicamente tiene que tratarse de un delito que se haga con la finalidad de producir temor en la población o de arrancar decisiones de la autoridad y en la interpretación de estos dos requisitos yace nuestra posibilidad de que esta ley se aplique de manera racional y que no constituya un mero permiso para actuar de manera brutal o incivilizada.

El problema es que no sabemos muy bien qué es lo que hace que un acto justifique la suspensión de todas estas reglas de justicia penal y procesal. Y la verdad es que esto es precisamente lo identifica, en la práctica y no en la teoría, a la idea de terrorismo: un abismo que se engulle todo lo que se le aproxima y desde donde ya no podemos razonar. Todo lo que cae en el espacio demarcado por la idea de terrorismo queda eximido de consideración, de explicación. A un delincuente común lo podemos escuchar; podemos incluso considerar su acción justificada o excusable. A un terrorista no. Un terrorista se ha pasado a ese lado donde no hay explicación posible ni espacio para la deliberación. Es el espacio del garrote. El problema es, sin embargo, para nosotros también, los que estamos del otro lado definiendo a otros como terroristas, pues somos nosotros los que hemos decidido expandir este abismo donde se suspende nuestro juicio, y la vigencia de Estado de Derecho. Somos nosotros los que decidimos tomar el garrote en vez de seguir conversando en el espacio de la deliberación; un espacio que hemos diseñado con tanto orgullo y dificultad. 

Lo más claro de la decisión de juzgar un hecho como terrorista es la elección de vivir en un mundo donde sin saber cómo ni porqué ni cuándo, autorizamos a las policías y al Ministerio Público a hacer cosas de una manera que usualmente consideramos inaceptable. Y lo único que puede explicar esta pérdida de sentido, es que hay algo en este hecho que lo justifica. Pero yo no creo que nadie haya explicado qué es ese algo que tienen los actos terroristas que justifica algo así como la ley 18.314. Y si retrocedemos un poco y observamos el bombazo y luego una reacción que sugiere la utilización de la ley 18.314, parece que se trata de un mundo de locos, porqué ¿Qué tiene que ver el bombazo con nuestra posibilidad de diseñar instituciones respetuosas de los derechos de las personas? Facilitamos la “puesta en cárcel” de algunos individuos y con eso perdimos todo que lo construimos.

Entonces, ¿Qué quiere decir que un hecho sea un acto de terrorismo? ¿En qué cambia lo sucedido? Y si no lo cambia en nada, ¿qué ganamos con este juicio y qué perdemos con él? Esa es, yo creo, la aproximación juiciosa a este problema. No es posible interpretar la ley 18.314 para hacer el silogismo de su aplicación si no contestamos primero estas preguntas. Como nuestra vida humana se rige y organiza mediante nuestra capacidad de poner las cosas bajo consideración, aquello que no es posible de juzgar se escapa, de algún modo, de la dimensión de lo humano. Y esa des-humanización de nuestras prácticas es precisamente lo que ocurre si nos permitimos suspender los derechos a las personas sin saber por qué.

Semana Constitucional (1-7 septiembre 2014)

Seguramente el caso de la bomba en un local comercial cercano al metro acaparará todas las noticias por un buen rato. Rocío Lorca (New York University) nos ha prometido un post al respecto. Lo esperaremos con ansias. Por lo pronto, lo más razonable se ha escuchado del INDH, y lo más lamentable es la casi inevitable distracción del foco en las reformas sobre educación y tributos.

Sin embargo, este post tiene otro objetivo, más humilde. Solamente dar cuenta de dos noticias generadas durante la semana pasada de relevancia constitucional.  

1. La semana pasada una nota periodística daba cuenta de la intensión de algunos diputados de reformar la estructura orgánica del Congreso Nacional y trasformarlo, suprimiendo el Senado, en un órgano unicameral. La iniciativa parece contar con soporte transversal de parte de distintas bancadas de la cámara baja. Sin embargo, esta por verse cuál será la reacción de sus pares en el Senado.

2. Esta semana se ha generado una discusión sobre la propuesta, originalmente criticada pero finalmente aprobada, de algunos disputados independientes para incrementar la transparencia en financiación de campañas políticas. En particular, Lucas Sierra (CEP) defendio las bondades del modelo de las donaciones anónimas (aquí), Fernando Muñoz (UACH) se sumó a la discusión criticando a Sierra (aquí; el año pasado yo había escrito algo en la misma dirección, aquí).

Plata y Política

El año pasado postié esta columna que parece pertinente a la luz de la actual discusión sobre los aportes reservados a las campañas electorales gatillada por la defensa de Lucas Sierra al actual sistema y la virulenta reacción de Fernando Muñoz. 

[publicado anteriormente en Grupo de Valdivia: aquí]

Por Pablo Marshall

En esta columna quiero presentar esquemáticamente la idea de que la plata y la política no deben mezclarse. Por otro lado, quiero mostrar que los proyectos autodenominados progresistas en esta materia, no pretenden separar la política y el dinero sino que normalizar su relación. Tomaré dos ejemplos: la ley de lobby y el financiamiento de los partidos políticos.

Primero, una prevención. La política y la riqueza están ineludiblemente atadas. En una sociedad capitalista, toda acción o alocución sobre el poder tiene un correlato (una condición o un efecto) en el terreno de las circunstancias materiales de la vida social. En otras palabras, las posibilidades de éxito de la política, incluso de esas denominadas identitarias, están marcadas en su origen por su incompatibilidad con la forma de vida del capitalismo tardío. Más allá de la superficie ideológica, desde el punto de vista de la actual distribución de la riqueza, cada acción política es algo negativo, y ojalá todas ellas fueran suprimidas, porque lo único que pueden pretender el entrecortar la reproducción del capital. En este entendido, cuando se habla de la autonomía de la política respecto de la economía, se intenta defender necesariamente la posibilidad de la acción sobre la riqueza acumulada. Entenderlo como en el modelo griego, en que la autonomía de la política no alcanza la distribución de la riqueza, en que la política es acerca de las otras cosas y no acerca de cómo distribuimos (como piensa el ministro Larraín) es no entenderlo en absoluto. Por lo tanto, al afirmar que la plata y la política no deben mezclarse no quiero decir que política y distribución no se traslapan, sino todo lo contrario; quiero decir que las condiciones para que la política pueda expresarse no pueden enajenarse de antemano a las hábiles manos de quienes quieren evitar toda política.

Pero pensemos ahora en la política como una actividad institucional.

I. La plata y la política no deben mezclarse

La plata y la política no deben mezclarse. Que esto sea cierto depende de nuestro compromiso con la idea de que la política democrática es el espacio donde los ciudadanos (y sus representantes) se reúnen y discuten sobre lo que es lo mejor para todos por igual. En este entendido, las diferencias económicas entre ciudadanos deben permanecer fuera de la política para respetar la idea de igualdad subyacente a la democracia. Que los Luksic estén en favor o en contra de tal o cual política no debería tener más peso que el hecho de los González estén en favor o en contra. Que todas las opiniones deban contar por igual es el ideal democrático. Esto tiene su expresión institucional en la regla de que a cada ciudadano le corresponde sólo un voto igual que a todos los demás.

Hoy sabemos que lo que piensen los Luksic y lo que piensen los González tiene un peso diferente cuando se trata de tomar decisiones públicas. Los Luksic influyen en política como si cada uno tuviera una rídicula cifra de votos, por ejemplo 10.000 votos. Pero ello no es porque hemos decidido concederles más votos a quienes son más ricos, sino porque hemos sido pusilánimes en defender el principio que está en la base de la idea de “un ciudadano-un voto”, esto es, la idea de que ciudadanos deben tener igual influencia en determinar las leyes que nos gobiernan a todos. Hemos dejado que el poder expansivo del dinero se cuele en nuestras anticuadas instituciones republicanas. El lobby y el financiamiento político son dos ejemplos de cómo la política democrática ha sido contaminada por el dinero. Sin embargo, que hayamos llegado a ello no quiere decir que debemos aceptar ese estado de cosas como algo que no podemos cambiar. Esta es una lucha que podemos dar: la de separar la plata de la política y recobrar el rumbo de la política democrática.

II. Apertura y trasparencia

Sin embargo las cosas no son tan fáciles. Contra este modelo de la estricta separación hablan al menos 2 ideas que son constantemente usadas por los defensores de la intervención del dinero en política.

La primera idea es que el sistema político debe estar abierto a los intereses de la sociedad.  En resumidas cuentas, la toma de decisiones debe estar abierta al lobby de la sociedad, que en sus diversas manifestaciones, grupos y asociaciones deben contrapesar la tendencia del sistema político a clausurarse. El problema surge cuando es evidenciado que la forma en que esos intereses son presentados es dependiente de alguna forma de evaluación económica… el lobby cuesta plata. Con lo que nos encontramos después de abrir las puertas del Congreso a la sociedad civil, es con un grupo de lobistas de empresas y asociaciones gremiales que quieren defender, como podría ser de otra manera, su negocio.

La segunda idea sostiene que el poder del dinero va inevitablemente a invadir la arena política y lo mejor que podemos hacer como sociedad es regular dicha influencia. Se señala que transparentando la intervención del dinero en política se ganará la posibilidad de controlar dicha influencia de manera de no hacerla decisiva o prevalerte, algo acerca de lo cual sin transparencia no tenemos seguridad. Los Luksic les entregan quizás cuantos millones a cada partido político. Uno se preguntará ¿A cambio de qué?

En el extremo derecho del horizonte uno se encuentra con aquellos que les gusta que la influencia del dinero en la política no sea notada, son los defensores de la estética y de la anti-política. Todo se debe resolver en el club de golf, dicen, pero claro, seguro que va acompañado con sabrosos incentivos pero ¡no de plata hombre! sino de influencia en las decisiones sobre cómo la plata se distribuye, lo que parece no ser para nada problemático (allí uno salta al mundo de las incompatibilidades). En el centro de este horizonte se encuentran los Correas y los Tironis, tratando de transformar la política en un mercado más. Los defensores del modelo americano en que nos es inmoral decir que mi plata es parte de mi libertad de expresión, mientras lo haga a la luz del sol y en las habitaciones del Congreso. Hoy en día, sin embargo, resulta absurda y anacrónica la idea de mantener la plata fuera de la política. Pero, ¿Cómo es posible conciliar esta evidente influencia del dinero en la política con el principio de que la política es una actividad entre iguales?

III. Reclamando igual influencia

Si dejar que los Luksic gasten su plata para influir en política afecta la igualdad entre los ciudadanos que a su vez es la base sobre la que la democracia construye su legitimidad deberíamos impedir que eso pasara.

¿Es imposible? Sólo exige cambiar la visión hegemónica sobre la relación entre plata y política. Una visión en que la plata es una extensión lícita de la personalidad, incluso en la esfera pública.  Requiere imaginar que la plata en política es algo que no se puede permitir porque borra la más significativa de las nociónes de igualdad sobre las cuales la democracia se puede defender. Finalmente, requiere buscar arreglos institucionales que impidan su influencia o que reduzcan su impacto al mínimo posible.  Pensemos en los casos del financiamiento electoral y el lobby.

En el caso del financiamiento electoral, la regulación ha intentado eliminar el rastro del origen de la plata para que los representantes no puedan saber de dónde viene la plata y así no tener que deberle favores a nadie. Pero eso ataca sólo un aspecto del problema. El otro lado del problema no se soluciona evitando que los parlamentarios sepan concretamente con quién están en deuda. Este otro problema consiste en que las opciones políticas de un sector se ven acrecentadas dado que algunos de sus simpatizantes tienen mucho dinero y están dispuestos a gastarlo para darles una ventaja. Este es siempre el caso de la derecha que recibe más dinero que la izquierda.

¿Cómo solucionar este problema? ¿Cómo hacer que ningún partido o candidato se vea perjudicado en términos de financiamiento por el hecho de que sus simpatizantes sean siempre los sectores más pobres del electorado? Opción 1. Impedir el financiamiento electoral privado: financiamiento electoral público. Opción 2. Fondo compartido de donaciones privadas. Si usted quiere donar plata para los partidos y candidatos, esta plata se repartirá entre todos los partidos y candidatos en competencia. Ambas opciones neutralizan la influencia que un ciudadano por el sólo hecho de ser rico puede ejercer sobre el sistema político. El financiamiento a los partidos y candidatos siempre puede ser indirecto. Por ejemplo, las gigantografías que “no llaman a votar” y por tanto no constituyen propaganda electoral no caen dentro del financiamiento electoral. Sin embargo, una vez que se tenga claro cuál es el principio que hay que proteger pueden darse batallas por su protección en aquellos espacios en que su vigencia se encuentra burlada.

El caso del lobby es más complejo. En principio el lobby cuando representa la pluralidad de la sociedad civil es una positiva influencia que contribuye a controlar el sistema político. La influencia de dicha pluralidad podría ser un una condición críticamente necesaria para la búsqueda del interés común. El problema es cuando esta instancia es usada por los grupos económicos poderosos para proteger su privilegio frente a cualquier amenaza como se ha visto en Chile a propósito de la ley de TV digital, la ley de pesca y cualquier ley que involucre explotación de recursos naturales o tecnología. Ante dicha realidad, lo que resulta es que la pluralidad de la sociedad civil no es representada, y aún más, incluso la pluralidad de la representación política tiende a ser nublada.

¿Resulta descabellado, en ese contexto, prohibir el lobby? Si se parte de la base que nuestras autoridades democráticamente elegidas están en sus cargos fundamentalmente porque ejercen como representantes de la ciudadanía, esto es de cada uno de nosotros de una manera igual, la pérdida de puntos de vista, información y de los intereses de la sociedad civil no sería tan dramática. Además, se garantizaría de esta manera la igual influencia en política.

Sin embargo, la influencia del dinero es demasiado flexible. Incluso si se prohibiera la superpoblación de lobistas que caminan por los corredores del Congreso, los grupos económicos encontrarían la forma de colar sus intereses dentro del aparato político. ¿Cómo hacerlo de otra manera? Si no se puede o resulta difícil eliminar la injusta ventaja de los grupos empresariales, la alternativa es subsidiar a todos aquellos que no pueden ser oídos por el estruendo del dinero. Financiamiento público para ONGs sin fines de lucro que no tengan representación actualmente y que persigan intereses públicos, incluyendo financiamiento para intervenciones ante autoridades públicas.

Académicos v. Abogados

El profesor Fernando Muñoz, de la Universidad Austral de Chile, ha publicado hace poco un artículo sobre un tema inusual pero tremendamente interesante y pertinente en la discusión de la academia jurídica Chilena. El tema es la tensión entre la función de los académicos profesionales y de abogados practicantes dentro de las escuelas de derecho.

Les dejo el link a la página de academia del Prof. Muñoz: aquí. 

Sobre los límites a la reelección

Una interesante reflexión (en inglés) sobre los problemas constitucionales que afectarían a una medida que limita la reelección de autoridades públicas. El contexto es la provincia de Alberta en Canadá que es un régimen parlamentario. Eso hace que las razones deban ser puestas en contexto. Sin embargo, hay similitudes con lo que he planteado anteriormente referente a la discusión chilena (ver aquí: El limite a la reeleccion).

Legislative and Executive Term Limits in Alberta  

–Richard Albert, Boston College Law SchoolAn important race is underway in Alberta, one of Canada’s ten provinces. In September, paid-up members of the Progressive Conservative Party will elect a new party leader, and the new leader will become the premier of Alberta.One of the candidates, Jim Prentice, a former federal Cabinet minister and a lawyer by training, has pledged to impose legislative and executive term limits if he becomes premier. Under his plan, provincial members of parliament (MLAs) will be limited to three terms, and premiers to two.Prentice argues that term limits are good for democracy:It’s very democratic … it ensures that people stay grounded. There’s no reason someone can’t take a time-out and return to public life but it ensures turnover. It ensures our democratic process remains dynamic, innovative and creative. I’ve always believed in it.Legislative and executive term limits may be a great idea but they are very likely unconstitutional, at least in Canada. In this short post, I explore why.There are at least three problems with the term limits proposal: two are constitutional and one is operational.

El límite a la reelección

Por Pablo Marshall [1]

La idea de que hay que limitar las posibilidades de los parlamentarios en ejercicio de re-postular a su cargo ha resonado en debate público chileno de los últimos años. Hace una semana la reforma impulsada por el Gobierno se impuso en la Cámara de Diputados quedando pendiente su aprobación por el Senado.

Quienes proponen la medida buscan que tras cierto número de periodos en el parlamento los senadores y diputados no puedan presentarse como candidatos, o que para ello deban dejar pasar un periodo parlamentario.  La reforma aprobada establece que los diputados podrán reelegirse dos veces mientras los senadores una sola vez.

Entre las razones que han sido ofrecidas para esta medida destaca la idea de que ésta pretende renovar la política, dejando entrar nuevas caras nuevas con nuevas ideas, oxigenando la política. Se sostiene además que se pretende evitar el clientelismo y el tráfico de influencias.  

Esta medida y las razones que se ofrecen para justificarla se enmarcan dentro de un discurso de ofuscación ante la falta de conexión e identificación que el sistema político chileno ha mostrado con las demandas de la ciudadanía y que pone a los políticos profesionales y a los partidos políticos como principales culpables del descontento y la decepción con el funcionamiento de la política.

Una editorial del diario La Tercera señaló que una reforma en este sentido tendría otros costos “como perder experiencia acumulada por los legisladores para realizar su función (…) y perder a personas que pueden ser muy valiosas. Por otra parte, es discutible desde una perspectiva democrática que se pongan restricciones al legítimo derecho de los ciudadanos de decidir libremente quién es su representante en el Congreso (...). En suma, si bien restringir la reelección puede tener la virtud de alejar del Congreso a parlamentarios que se han entregado a prácticas que distorsionan la función legislativa, también margina a aquellos que han hecho aportes relevantes y que han realizado debidamente su labor, todo lo cual corresponde que en democracia sea discernido por los electores”. Esta última idea, esto es, que corresponde a los electores decidir libremente quiénes son sus representantes, es crucial aunque en esta editorial es utilizada de una manera que limita su importancia.

Limitar el número de re-elecciones de los parlamentarios, no es inconveniente en razón del desperdicio de capital humano, sino que es fundamentalmente contrario a una práctica democrática. Las razones son bastante simples pero en los tiempos que vivimos puede que no sean evidentes.

Vivimos en una democracia representativa. Toda explicación de que el pueblo es el que gobierna a través de sus representantes descansa en definitiva en dos aspectos. El primero es que las autoridades son elegidas por sufragio universal, en elecciones libres y competitivas. El segundo es que dichas autoridades son responsables por sus acciones ante los ciudadanos.

Nuestro diseño institucional para los efectos de cautelar este segundo elemento prescinde de mecanismos institucionales para que los ciudadanos se aseguren de que sus representantes defiendan adecuadamente sus intereses. Las autoridades electas tienen, en este sentido, una gran independencia respecto de los ciudadanos. Ante la ausencia de otros mecanismos institucionales, negarle la reelección es la única forma que tiene la ciudadanía de hacer responsable a sus representantes por sus acciones. Por diferentes razones puede ser importante que los representantes tengan cierta autonomía respecto de sus electores, pero dicha autonomía no puede ser ni total ni permanente.

En las elecciones los actos del representante son juzgados y su proceder evaluado, no necesariamente en términos de legalidad o ilegalidad, calidad humana, o valor para la función legislativa, sino en términos puramente discrecionales con los estándares democráticos que sólo la voluntad de la ciudadanía puede aportar.  Esto hace que de la reelección un momento democrático en que la ciudadanía puede no sólo autorizar a un representante a defender sus intereses sino que también puede hacerlo responsable de sus acciones pasadas. Estoy no sólo tiene un impacto en el comportamiento de los representantes sino que también empodera a la ciudadanía y enriquece el sentido del acto de votar.

En este sentido, limitar la posibilidad de reelección es eliminar una posibilidad de los ciudadanos de hacer responsables a sus representantes. El discurso de decepción y descontento con la política, debe ser canalizado hacia el empoderamiento de la ciudadanía y no en dirección contraria. Limitar la reelección es conceder el punto a quiénes creen que la política institucionalmente mediada tiende necesariamente a la corrupción y por tanto hay que limitarla a una mínima expresión. En ese sacó caben tanto quienes abrigando las banderas de una supuesta democracia participativa abogan por el fin de los partidos políticos y la asunción de los movimientos ciudadanos, como también quienes tradicionalmente temen a la acción trasformadora de la política y el Estado.  La defensa de la política democrática requiere el esfuerzo de construir y reforzar, allí donde estén rotos o se hayan deteriorado, los canales de comunicación entre la sociedad civil y el sistema político. Para ello, resulta urgente hacer de nuestras elecciones algo más rico, democráticamente hablando, de lo que actualmente son.

Las reformas institucionales para lograr que las elecciones sean más competitivas, igualitarias y posibiliten, por ejemplo, una mayor participación de jóvenes y mujeres no deben pasar por limitar la reelección, sino que deben apuntar a otros elementos del sistema político que no tengan un impacto negativo en los mecanismos de control de la ciudadanía y permitan al mismo tiempo perseguir los intereses de renovación y oxigenación de la política. De entre este tipo de reformas que se requieren, los más importantes son, primero, la modificación del sistema electoral binominal, abriendo la posibilidad de integrar el Congreso a grupos que representan intereses tradicionalmente excluidos y entregando a la ciudadanía el poder de decidir quién ganó y quién perdió la elección. Segundo, la consolidación de la democracia interna de los partidos en particular en la selección de los candidatos a cargos de representación popular. Tercero, una reforma al sistema de financiamiento electoral, eliminando cualquier fuente de financiamiento privada e incrementando los mecanismos de control del gasto electoral no autorizado. Cuarto, el avance en una ley de cuotas electorales que garantice una equilibrada participación de grupos desaventajados, en particular, mujeres. Estos son algunas de las reformas que podrían tener un positive impacto en renovar la política sin tener un impacto negativo en nuestra práctica democrática. 

Un comentario final. Es cierto que en el actual diseño institucional del sistema político chileno, el límite a la reelección podría contribuir a avanzar hacía una reconexión de la sociedad y el sistema político. Sin embargo, dicha reconexión sería limitada e insuficiente. Si se considera en su contexto, esta medida pretende ser la solución para un problema que tiene un diagnostico y unas soluciones claras esperando ser implementadas. Los cuatro ejemplos del párrafo anterior son parte de ellas. De ser aprobada, esta reforma será una victoria pírrica para la democracia, distrayendo la vista de las medidas que son más urgentes e importantes para la adecuación del diseño institucional del sistema político chileno a los requerimientos de la democracia como autogobierno del pueblo.

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[1] Quiero agradecer a los comentarios de Diego Gil y Felipe Leiva