Por Pablo Marshall
En una reciente columna, Lidia Casas critica la forma en que los parlamentarios de la derecha han intentado aprobar la inclusión de la orientación sexual como uno de los criterios por los cuales sería prohibido discriminar conforme a la ley que se discute. Con consideraciones del tipo “esto debe ser estudiado más profundamente antes de adoptar una modificación tan importante” los obstruccionistas defensores del status quo se presentan como titulares de la prudencia frente a la irrefrenable demanda de cambio de algunas de las instituciones centrales de nuestro régimen jurídico. Esta estrategia ha sido usada cuando se ha intentado modificar el sistema binominal, el sistema tributario y ahora último dentro de la tramitación de la ley contra la discriminación.
Al menos ciertos recalcitrantes, que pretenden encarnar el más rancio abolengo de nuestra tradición autoritaria hablan directamente, probablemente consultando en sueños con Jaime Guzmán, de que tanta democracia, redistribución y libertinaje van a terminar acabado con los valores nacionales y el sistema de producción de la riqueza que tan bien ha funcionado para ellos. Esos, al menos tienen el descaro de ir de frente en contra de las encuestas, básicamente porque pueden salir bien parados con el apoyo de esa miserable minoría que piensa que la homosexualidad es una enfermedad, la dictadura fue el mejor gobierno y los pobres son productos de su propia flojera.
Pero con ese discurso no se puede mantener en pie un gobierno, y aquellos que pretenden gobernar, colaborar con el gobierno y aspirar a acceder al gobierno deben prestar atención a lo que la mayoría declara querer. Entonces es que viene el argumento técnico, prudencial y esencialmente conservador, de que si bien el diagnostico de la necesidad de un cambio es compartido, cuando se relaciona con instituciones fundamentales, ese cambio no puede tomarse a la ligera sino que debe ser precedido de una larga reflexión, escuchando a los expertos en las materias respectivas. Como estrategia dilatoria es perfecta; la presión popular que los medios de comunicación y los movimientos sociales son capaces de comunicar, empieza lentamente a desaparecer mientras los expertos serán acomodados en los sillones de alguna comisión presidencial. Su informe, que demorará varios meses en estar listo, buscará nuevos antecedentes, nuevas causas de los problemas, nuevos elementos, argumentos y consideraciones las que llevaran a un interminable sucesión de advertencias preliminares que concluirán que nuevos estudios serán necesarios. Evitará así, presentar la evidencia que está a la vista de todos, la conclusión ineludible del problema obvio que hasta los ciudadanos comunes pueden ver y diagnosticar cuando son consultados por las encuestas. El mismo procedimiento es repetido en las sesiones parlamentarias, interminables dilaciones (que las vacaciones, que los viajes al extranjero, que el presupuesto, que las municipales) y empalagosas discusiones que no arriban a nada que no se sepa ya desde el inicio.
La estrategia desde el punto de vista político es perfecta, se presenta ante la opinión pública como alguien que está de acuerdo con los principios y motivaciones del cambio, pero que disiente en la letra chica del proyecto. Por otro lado, se consigue la defensa del sistema político de la dictadura, la mantención sub-regulación de nuestra economía y la mantención de la implementación legal de un sistema de valores conservador. Los políticos, así, juegan el juego que les corresponde. Respecto de este juego es que la ciudadanía tiene que estar alerta, para poder así realizar el rol de controlar y hacer responsables a los políticos.
Lo que se hace totalmente insoportable es que el mismo argumento sea utilizado por los técnicos de los centros de estudios financiados por los empresarios y los partidos políticos. Que los expertos en materias electorales, tributarias y constitucionales usen la estrategia dilatoria, apelando a un estudio más detallado, una reflexión más profunda o una toma de decisión “en frio” (lo que no significa otra cosas que alejada en el tiempo del momento en que la sociedad civil pide modificaciones) es irritante. Si no es respecto a las cuestiones básicas relativas a los sistemas electorales, tributarios y constitucionales, a qué se dedican esos centros de estudios, los académicos y los técnicos. Es adicionalmente irritante, cuando es evidente que la información está disponible, y al menos en lo que respecta al binominal ha estado disponible durante los últimos 20 años.
No estoy diciendo que las importantes modificaciones que son propuestas no deban ser precedidas de debate, información tan completa como se pueda obtener y seria consideración. No estoy siendo el apologeta de la reforma al tun-tun. Mi protesta es contra aquellos que, estando en el lugar que se deben discutir y estudiar estas modificaciones, no desempeñan el rol que les corresponde como políticos y expertos, sino que se lavan las manos para poder sobárselas después.
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